Viernes 24 de Noviembre de 2017

Trabajos de los Académicos

"Administración de Justicia en Carabobo durante el Trienio 1945-1948"

El presente ensayo intenta hacer una aproximación al estudio de una institución, una región y una época. La institución lo constituye el Sistema de Administración de Justicia, el ámbito geográfico lo constituye el Estado Carabobo y la época el llamado trienio adeco (1945-1948). Cuando se habla de sistema, o aparato de administración de justicia, esta investigación se refiere a lo que hoy constituyen poderes autónomos y se conocen como el Poder Judicial, Ministerio Publico y Defensoría Publica. 

En este sentido, se analizará la estructuración y funcionamiento del aparato de justicia en Carabobo durante el período de los Gobiernos de la Junta Revolucionaria y del Presidente Rómulo Gallegos. La investigación se basará en el método descriptivo y explicativo, a partir de la consulta de fuentes  documentales inéditas, publicaciones oficiales, hemerográficas y bibliográficas.

En este sentido, se analizará la estructuración y funcionamiento del aparato de justicia en Carabobo durante el período de los Gobiernos de la Junta Revolucionaria y del Presidente Rómulo Gallegos. A estos efectos se analizará el funcionamiento del mismo sobre el estudio de casos concretos, de donde se establecerán conclusiones sobre su comportamiento, idoneidad e imparcialidad. Asimismo, se busca apreciar y determinar si la Administración de Justicia presentó cambios profundos con el advenimiento de la Junta Revolucionaria de Gobierno.

El 18 de Octubre de 1945, constituyó un hecho de gran relevancia en la historia de Venezuela. En este crucial momento saltan al plano político nacional una nueva generación de hombres, con objetivos políticos y sociales notablemente diferentes a los concebidos en el gomecismo y post gomecismo. Con la instalación de la Junta Revolucionaria, se suceden una serie de hechos que chocan con los preceptos del viejo estamento gobernante y precipitan al país a vivir una serie de cambios políticos, sociales y económicos, nunca vistos  con anterioridad en nuestra historia patria.

El derecho de una participación pública en actividades políticas y económicas  es el signo resaltante de este nuevo tiempo, en este sentido comenta  Zerpa Rojas (1998:7) sobre este proceso, lo siguiente: “Se puede afirmar inclusive que, que paralelamente al proceso de democratización social, se dio inicio al de la socialización política”.

Este movimiento insurreccional, fue promovido principalmente por jóvenes oficiales de baja y mediana graduación. A ellos se sumaron un grupo de civiles, miembros en su mayoría del partido Acción Democrática. En este sentido, comenta Pino Iturrieta, lo siguiente:

La costura de dos factores. En su primera alocución como Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, en octubre de 1945, Rómulo Betancourt aseguraba que el régimen recién estrenado era fruto de una alianza “de blusa y uniforme, como en los días estelares de la nacionalidad”. En efecto la reunión de unos oficiales subalternos del Ejército con la muchedumbre que ya representaba Acción Democrática, había liquidado la autoridad del posgomecismo expresada todavía en la administración del General Isaías Medina Angarita.

El 19 de Octubre llegaron a Valencia las primeras noticias del derrocamiento del Presidente de la República, General Isaías Medina Angarita. La noticia trajo a la mayoría un vivo soplo de emoción republicana y para otros el temor por lo desconocido, muchos sectores del pueblo carabobeño se pusieron al lado de la Junta Revolucionaria de Caracas.

En este sentido, comenta Galíndez, sobre el ambiente en Valencia, lo siguiente:

El pueblo de Valencia demostró disciplina y civismo. El 20 fueron cerrados los comercios, aviones militares que cruzaban la ciudad ordenaban a la Plaza comandada por el General Celestino Hernández, que se entregara y ésta izó la bandera blanca rindiéndose completamente a las fuerzas revolucionarias. El 22 en la mañana la vida volvió a su acostumbrada normalidad, tomando posesión de la Presidencia del Estado Manuel García Guevara. (p.310).

En este contexto de nuevos aires políticos que se respiraba, desde aquel 18 de octubre, el reconocido galeno valenciano Manuel García Guevara, fue designado Presidente de Estado, de acuerdo con instrucciones de la Junta Provisional de Gobierno, haciéndole entrega del cargo el Secretario General de Gobierno del Estado Carabobo saliente Salvador Llobet. El Presidente saliente del Estado Carabobo era el ilustre medico Enrique Tejera. Es de notar que antes de Tejera habían sido Presidentes del Estado hombres de reconocida talla intelectual y moral como lo fueron el distinguido jurista Arminio Borjas y el afamado escritor José Rafael Pocaterra. Este nombramiento consta en Gaceta Oficial del Estado Carabobo No.1.076 de fecha 31 de Octubre de 1945. García Guevara, había sido concejal de Valencia durante el gobierno de López Contreras y al momento de los hechos que lo precipitan a la Presidencia del Estado era el Secretario General de Acción Democrática en Carabobo.

Igualmente dentro del tren ejecutivo del Presidente García Guevara, se designan a Julio Grooscors, como Secretario General de Gobierno y Procurador General del Estado al abogado Ricardo Guada Lacau, así mismo el Presidente designa todos los Gobernadores de Distrito, por cierto ratificando alguno de ellos provenientes del anterior régimen tales como José Antonio Ojeda en el Distrito Bejuma y Angel Salcedo en el Distrito Guacara.

Visto que un decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno disuelve las Municipalidades, García Guevara el 29 de Octubre de 1945, designa sus nuevos miembros.

El 28 de Noviembre de 1945, Manuel García Guevara, convocó a una rueda de prensa a los medios regionales para informar sobre sus intenciones en la Presidencia del Estado, en este sentido, señala el diario El Cronista, de Valencia, lo siguiente:

Empezó el Dr. García su exposición hablando de los caminos vecinales y su necesidad de reparación y construcción de nuevos, así mismo comenta la necesidad del acueducto para Valencia, el problema de vivienda, la mejora de los niveles de asistencia social, educación. Para terminar esta entrevista de prensa, otros puntos de vital importancia a la colectividad, como el abaratamiento de artículos de gran consumo como la carne, el azúcar y la leche, manifestando el Dr. Guevara, que el Gobierno tenia abierta una cuenta corriente abierta para la compra de papelón para de esta manera evitar la intromisión  de los intermediarios.

Visto que el objetivo principal de la presente investigación está relacionado con la Administración de Justicia en Carabobo, es básico apuntar que para Octubre de 1945, está en vigencia la Constitución de 1936, reformada el 23 de abril de 1945. Conforme a esta Carta Magna, la designación de todos los componentes del Aparato de Justicia Nacional y Estadal es competencia del Poder Ejecutivo. En consecuencia, los jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios judiciales eran designados en las regiones por el Presidente del Estado.

El decreto No.1 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, de fecha 19 de octubre de 1945, en su artículo primero, mantiene en vigencia el ordenamiento jurídico nacional, en tanto no resulte derogado directa o indirectamente por los Decretos que sancione. Es decir, la Junta se abrogaba poderes constituyentes asumiendo los plenos Poderes de la Soberanía Nacional. Por lo que ciertamente tenía facultad de cambiar y modificar ciertas realidades de la dinámica nacional, tal como lo hizo con la salud, la economía y la educación, más no con la administración de justicia. La estructuración del aparato de justicia a nivel nacional y regional consistió sólo en el cambio de unos hombres por otros con algunas excepciones, pero la esencia del mismo quedó igual.

Es de mencionar, que ni siquiera se derogó un instrumento legal de evidente corte totalitario, cuyo origen se encuentra en la época en que el gomécismo, aún con Gómez muerto, ejercía influencia en la política venezolana, en 1939. No solo no derogo esta Ley, sino que fue muy utilizada como veremos en casos que desarrollaremos en esta investigación.

Cabe destacar, que en Carabobo posterior al cierre de la Universidad de Carabobo en 1904, existía la Escuela de Ciencias Políticas “Miguel José Sanz”, donde se cursaba la carrera de Leyes. Esta escuela dependía de la Presidencia del Estado. El 15 de noviembre de 1945 en Gaceta Oficial del Estado Carabobo No.1.077, mediante decreto No.23, se ordena la reorganización de la Escuela de Ciencias Políticas “Miguel José Sanz”, designando nuevas autoridades y profesores. El motivo por el que se hace esta acotación lo constituye el hecho de que la mayoría de los abogados funcionarios judiciales de la entidad, eran egresados de esta institución, que al igual que el sistema de justicia regional dependía del ejecutivo carabobeño.

No fue sino hasta enero de 1946, cuando el Presidente García Guevara se encargó de la reorganización de los Tribunales del Estado Carabobo, tal como consta en Gaceta Oficial del Estado No. 1.082, decreto No.10, de fecha 31 de Enero de 1946. En este sentido, señala el decreto:

“De conformidad  con el Decreto No.87 de fecha 13 de Diciembre de 1945, de la Junta Revolucionaria de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y previo informe favorable del ciudadano encargado del Ministerio de Relaciones Interiores, Decreta: Articulo 1ero.- Se reorganiza el personal del los Tribunales del Estado Carabobo así: CORTE SUPREMA: Principales: Presidente: Dr. Pedro José Izaguirre Soteldo. Vocal Relator: Dr. Andrés Grisanti Francheschi. Vocal Canciller: Dr. Ricardo Zuloaga de la Hoz. Suplentes: 1.- Dr. Luis Rafael Medina Iturbe.2.-Jose Manuel Mercado Caballero. 3.- Miguel Bello Rodríguez. 4.-Dr. Donato Pinto, hijo.5.- Dr. Renato Olavarría. 6.-Dr. Luís Augusto Carvallo. JUZGADO SUPERIOR: Juez: Dr. Francisco Melet. Suplentes: 1.- Dr. Tulio Ramírez Borges. 2.- Dr. Antonio Echeverría. 3.- Dr. Francisco Briceño. Juez: Dr. Eduardo Herrera. Suplentes: 1.- Ricardo Guada Lacau. 2.- Dr. Julio Ramírez Borges. 3.- Dr. Agustín Luis Pinto. JUZGADO 2do DE 1ERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL: Juez: Dr. José Guillermo Meier. Suplentes: Dr. Antonio Echevarría. 2.- Dr. Luis Rafael Betancourt y Galindez.3.- Dr. Salvador Feo La Cruz. Juez: Dr. Luis Guillermo Arcay. Suplentes: 1.- Dr. Eduardo Sarquiz.2.- Dr. Julio Ramírez Borges. 3.- José Manuel Mercado Caballero. JUZGADO 2 DE 1ERA INSTANCIA EN LO CRIMINAL> Juez:. José Vicente Moreno Suplentes: 1.-Dr. Donato Pinto,hijo.2.- Dr. Agustín Hurtado.3.- Dr. Enrique Betancourt y Galindez. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO VALENCIA: Juez: Antonio Echevarria.Suplentes: 1.- Dr. Vicente Hernández.2.- Dr. Rafael Teodoro Look. 3.- Dr.Leopoldo Catalá. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO PUERTO CABELLO: Juez: Ciudadano José María Cáceres Martínez. Suplentes: 1.- Br. Alcides Rojas Domínguez. 2.- Dr. Salvador Feo La Cruz. 3.- Dr. Vicente Hernández. PROCURADOR DE PRESOS POBRES: Dr. Donato Pinto,hijo. FISCALIA 1ERA DEL MINISTERIO PUBLICO: Fiscal: Dr. Miguel Bello Rodríguez. Suplentes: Dr. Luis Rafael Medina Iturbe. 2.- Dr. Francisco Briceño. 3.- Dr. Luis Rafael Betancourt y Galindez. FISCALIA 2DA DEL MINISTERIO PUBLICO: Fiscal: Dr.José Ángel Castillo Moreno. Suplentes: 1.-Dr. Luis Martin Roche. 2.-Dr. Salvador Feo La Cruz. 3.- Dr. Efraím Alvarado. JUZGADO DEL DISTRITO VALENCIA: Juez: Dr. Luis González Herrera. Suplentes: 1.- Dr. Leopoldo Catalá. 2.- José Rafael López Clavo López. 3.- Dr. Agustín Hurtado.

Respecto a estos nombramientos, cabe destacar una serie de interesantes detalles. Uno de ellos es que varios de los jueces nombrados como principales para un cargo, fueron nombrados suplentes para otros e inclusive el Fiscal 1ero del Ministerio Publico fue también designado juez suplente  de la Corte Suprema del Estado. Por Ejemplo, como Procurador de los Pobres fue designado como titular el abogado Donato Pinto, hijo, siendo igualmente designado como suplente en el Juzgado de 2 de 1era Instancia en lo Criminal. A que se debió esta multiplicidad de nombramientos, sería por escasez de abogados capaces o pocos abogados de confianza, quien sabe. Quizás algo de estos factores debieron ser tomados en cuenta por el Ejecutivo Carabobeño para seleccionar a los Magistrados del Estado.

Por otra parte, se observa como fueron designados  jueces suplentes los hermanos Betancourt y Galíndez, quienes en menos de un año, estarían involucrados en la insurrección cívico-militar del 11 de Diciembre de 1946, encabezada en la región por el mayor Juan Pérez Jiménez. Que lectura se le puede dar a estos nombramientos, bueno mas adelante en la investigación se ahonda sobre este aspecto.

De esta misma manera, fueron nombrados por el Presidente Guevara todos los Jueces de Municipio del Estado Carabobo así como sus suplentes.  Es importante destacar, que todos los jueces designados por García Guevara, eran profesionales del derecho, con prestigio en Carabobo y no todos ellos eran miembros del partido ahora gobernante Acción Democrática. Estas designaciones recibieron críticas de parte de algunos miembros del partido Acción Democrática en la región, ya que fueron nombrados y ratificados otros jueces, que estuvieron y en algunos casos estaban vinculados con los gobiernos de López y de Medina.

Ya entrado el año de 1946, y designado por parte del Presidente del Estado el nuevo tren regidor de la Administración de Justicia en Carabobo, comienzan en el foro legal valenciano algunos comentarios en contra de estas designaciones como antes se menciona.

El hecho de que la Junta de Gobierno Revolucionario de Caracas no hiciere profundos cambios en el aparato de justicia en el país y el  haber dejado algunos jueces medinistas, trajo algunas reacciones y comentarios en Carabobo, tal como se refieren en la siguientes citas hemerográficas: Semanario “Tribuna” de Puerto Cabello, Editorial del día 09 de junio de 1946:

LA JUSTICIA NO HA ENTRADO POR CASA” En la oportunidad de haberse nombrado los jueces de esta jurisdicción, hicimos comentarios acerca la correcta selección de los jueces. Creímos que las grandes ocupaciones del  Poder Ejecutivo justificaban el poco interés en la selección de jueces probos y capaces, lo cual se aparta del interés revolucionario de renovación judicial. El hecho de repetir algunos magistrados, sin consultar a la opinión pública, dejo en ventaja a la reacción López-Medina dentro del tren judicial porteño. Tenemos entendido que alguien muy responsable dio oportunas informaciones y recomendó a personas muy capaces para que se hiciera una reforma democrática conforme a los tiempos advenidos con el 18 de Octubre.

En este sentido, El Carabobeño, del 14 de Agosto de 1946, en artículo del abogado valenciano Oscar Pérez Castrillo, se publica lo siguiente:

En la hora actual de reivindicaciones la nación reclama, mayor eficiencia judicial y mejores leyes. Uno de los principales inconvenientes con que se tropieza en  nuestro país el que quiere valerse de los Tribunales para defender sus derechos, es lo costoso de ello, por eso los Tribunales deben estar al alcance de todos los sectores sociales. Igualmente es necesario que no haya parcialidad, en los juicios, hacia los grupos sociales, las influencias políticas o las fuerzas del capitalismo. Para lograr una justicia igual para todos los ciudadanos, es necesario que nuestros jueces y tribunales este independientes del gobierno, de los perjuicios de las clases y de los sectores poderosos y adinerados. Venezuela necesita también una legislación social progresista y eliminación de leyes anacrónicas.(subrayado nuestro).

Aunque ciertamente no se produjo un profundo cambio en el aparato de administración de justicia, ya que el Poder Ejecutivo seguía designando jueces y fiscales, en Carabobo se consideró lo relacionado a las bajas remuneraciones de los funcionarios judiciales, acordando por decreto No.229, publicado en la Gaceta Oficial del Estado en fecha 30 de abril de 1946, un aumento de sueldos a todos los funcionarios del Poder Judicial del Estado Carabobo.

En los considerándos del decreto, el Ejecutivo Regional reconoce que tanto los Funcionarios Judiciales, como los integrantes del Ministerio Público y Defensorías Publicas están remunerados insuficientemente y que siguiendo las pautas de la Junta Revolucionaria de Gobierno en cuanto a la dignificación del Poder Judicial mediante la designación de Magistrados honestos y probos, éstos deben percibir remuneraciones equitativas al trabajo que realizan y cónsonas con su jerarquía social, en este sentido se aumentan los sueldos a todos los funcionarios del aparato de justicia del Estado.

El aumento se sueldos a todos los funcionarios del aparato de justicia del Estado  Carabobo, fue de un cuarenta por ciento (40%) aproximadamente. Los Jueces superiores pasaron de ganar Bs.840 a Bs.1200, mensuales y los Jueces de Primera Instancia pasaron a ganar de Bs.700 a Bs.1000, mensuales.

El gobierno de la Junta Revolucionaria, promueve estas mejoras socio económicas a los funcionarios del Sistema de Justicia Nacional, pero no toca, lo referente a un real cambio estructural en el Poder Judicial, lo referente a su autonomía e independencia, siendo estos aspectos antes señalados, los que muchos realmente esperaban de un gobierno revolucionario democrático y de avanzada. Es de señalar, que ni siquiera con la Constitución de 1947 se solvento esta situación, ya que aunque estableciera separación de poderes y autonomía del poder judicial, también estableció Disposiciones Transitorias, que relegaban de manera indeterminada la puesta en vigencia de estos preceptos de autodeterminación del Poder Judicial.

En Carabobo, el año de 1946 transcurre con una relativa tranquilidad, el gobierno del Presidente Guevara lleva adelante obras  básicamente en las áreas de vialidad y servicios públicos, así como adelanta planes sociales para el mejoramiento de la salud y la educación. Pero hacia finales del año, las cosas cambian abruptamente haciendo peligrar la estabilidad del gobierno de la Junta Revolucionaria.

El 11 de diciembre de 1946 ocurrieron simultáneamente en los Estados Carabobo, Aragua y Trujillo, hechos de rebelión armada contra la Junta Revolucionaria de Gobierno. La insurrección fue sofocada en los Estados Aragua y Carabobo apenas 24 horas después de producirse, cosa que no sucedió en Trujillo, debido a las características geográficas de la región, las operaciones militares duraron algunos días más y para el momento de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, el 17 de diciembre de 1946, aún permanecía alterado el orden público en aquella jurisdicción. Esta insurrección fue llevada a cabo por algunos militares y civiles seguidores de López Contreras y partidarios de URD.

Una vez que terminó la lucha armada en Trujillo, el Gobierno Revolucionario, remitió al conocimiento de los Tribunales competentes los hechos y personas que participaron en los actos de rebelión.

Ciertamente momentos después de fracasado el movimiento insurreccional del 11 de diciembre de 1946 en Carabobo, los detenidos fueron conducidos a la comandancia de la Policía de Valencia y encerrados en sus calabozos. Los primeros días en el calabozo fueron para los detenidos muy difíciles, no tenían útiles para dormir, comían en el suelo. Sobre esta situación, el diputado  de la Asamblea Constituyente Vethencourt, por COPEI, luego de visitar a los detenidos en Valencia, comento lo siguiente: “En efecto, hemos presenciado como un virtuoso sacerdote, honra de nuestro Clero, el Presbítero Bernabé Heredia, se le encierra en un calabozo y cuando el sacerdote se rebelo contra la barbarie protestando su situación fue maltratado física y verbalmente.”

Con respecto a estos hechos de diciembre de 1946, se causo un gran revuelo en la opinión pública nacional y regional, debido a los supuestos maltratos que estaban recibiendo los detenidos políticos en la cárcel de Valencia. En este sentido, se observa que para principios de enero de 1947, la Asamblea Nacional Constituyente y el Gobierno de la Junta, se preocupan por los hechos que están ocurriendo en la cárcel de Valencia, ordenando las respectivas investigaciones.

Al respecto, el 04 de enero de 1947, el Secretario de la Asamblea Nacional Constituyente Miguel Toro Alayon, hace constar haber recibido nota, que reposa en los Archivos de la Gobernación del Estado Carabobo, enviada por los detenidos de Valencia, que señala lo siguiente:

Detenidos Cárcel Publica de esta ciudad desde el 11 de diciembre de los corrientes, extrañamos comisión investigadora de la Asamblea Nacional Constituyente, sobre maltratos a detenidos políticos, no haya hecho acto de presencia aquí donde el régimen carcelario vejatorio y humillante haciendo burla a preceptos legales es intolerable. Hacemos llegar a esa comisión, nuestra enérgica protesta, hoy que violando incomunicación podemos hacerla pública. Firman> L.F Waskier, Darío Hoffmman, Atilio Galli, Dr. Betancourt y Galindez, Bernabé Heredia (Presbítero), Amílcar Gómez, Armando Celis Saune entre otros.

Por requerimiento de la Asamblea el 14 de Enero de 1947, el mayor Mario Vargas, en nombre de la Junta de Gobierno le dirige oficio al Presidente del Estado Dr. Manuel García Guevara, en el cual sobre la situación de los presos políticos le plantea lo siguiente:

A objeto de que se sirva practicar las averiguaciones pertinentes y trasladar sus resultados al fiscal del Ministerio Publico, para que este si hubiere lugar, intente las mociones correspondientes por ante los tribunales competentes; remito copia de nota que reposa en los archivos la Asamblea Nacional Constituyente, relacionado con los supuestos maltratos físicos en algunos detenidos políticos en esa entidad federal. Como quiere que este despacho tiene sumo interés a que sean esclarecidos totalmente los hechos denunciados, encargo a usted, la mayor prontitud en su gestión.

Haciendo este análisis  cronológico de comunicaciones pertenecientes al Archivo de la Gobernación del Estado Carabobo, se puede percibir que el gobierno de la Junta Revolucionaria y la Asamblea Constituyente tuvieron la iniciativa de solicitar una investigación sobre los supuestos actos de maltratos físicos a los detenidos en la cárcel de Valencia.

Casi de inmediato el Presidente de Estado García Guevara, ordenó a su Procurador Dr. Lacau, notificar al Juez Superior del Estado Carabobo Dr. Francisco Melet, para que realizará una inspección en el recinto carcelario de Valencia, cosa que realizó el 18 de enero de 1947, a continuación se transcribirá algunos extractos del acta de inspección realizada por el Juzgado Superior del Estado Carabobo, la cual reposa en el Archivo de la Procuraduría General del Estado Carabobo, en la fecha antes mencionada:

En este día a las 9:00 am, siendo el día y horas fijados para practicar la Visita a la Cárcel, se constituyo el Juzgado Superior en la Cárcel Publica del Estado, con asistencia del Juez 2do de Primera Instancia en lo Criminal y su secretario; el juez de Instrucción del Distrito Valencia; y el Procurador General del Estado, dejando de asistir el correspondiente fiscal del Ministerio Publico. Durante la visita se recibió una comunicación firmada por los ciudadanos Dr. Luis Rafael Betancourt y Galindez, Dr. Darío Hoffmann Henríquez, Atilo Galli Cervini, Armando Celis Saune, solicitando el traslado del tribunal al interior del Penal, a fin de exponer las circunstancias y demás cuestiones relacionadas con su detención. Trasladada la visita al interior del establecimiento, el Dr. Luis R. Betancourt y Galindez, por si y en representación de los demás firmantes de la mencionada comunicación expuso:” Desde el 11 de diciembre de 1946, nos encontramos detenidos en esta Cárcel, donde fuimos recibidos sin que pesara auto de detención y, por consiguiente, sin la correspondiente boleta de encarcelación a que se refiere el Código Penal. Durante 18 días permanecimos incomunicados y encerrados en los calabozos, teniendo que solicitar permiso para nuestras necesidades fisiológicas. En altas horas de la noche muchos de los detenidos fueron llamados a declarar ante miembros de “Acción Democrática”, Arturo Hidalgo, Hermes Barrios Piñango, Augusto Tarbes, Tomas Pino, José Malpica, Alejandro Izaguirre y otros, quienes haciéndose pasar por funcionarios de la policía y unas veces con amenaza y otras con promesas de libertad interrogaban a los detenidos, haciéndoles decir o declarar bajo su antojo. Por otra parte pedimos al ciudadano Juez se sirva así como al ciudadano Procurador General del Estado aquí presente, como encargados de la recta administración de justicia, hacer que nuestro caso sea solucionado a la brevedad posible.

Ciertamente con diligencia y prontitud comienza esta investigación por parte del Juez Superior de Valencia y del Procurador del Estado, aunque es importante destacar la ausencia del Fiscal del Ministerio Publico, garante del Estado de Derecho. Es importante destacar que en la investigación se le da derecho de palabra a los detenidos, representados por Luis Rafael Betancourt y Galindez, quien sin limitación alguna expresa todos sus argumentos e inclusive acusa con nombre y apellidos a dirigentes de Acción Democrática con realizar acciones de amedrentamiento y maltrato a los detenidos políticos.

Otro de los aspectos que señalan los detenidos políticos en la Cárcel de Valencia, es el referido a las condiciones de hacinamiento e higiene en que se encuentran las instalaciones del Penal. Al respecto transcribimos, otro extracto de la inspección:

En vista de lo expuesto por el Dr. L.R. Betancourt y Galindez, el Presidente de la visita acuerda abrir averiguación correspondiente para el total esclarecimiento de los hechos denunciados. De inmediato se inspeccionaron las demás dependencias del establecimiento, pudiéndose comprobar las condiciones antihigiénicas de las celdas. También se comprobó que no existe una instalación adecuada para el aseo personal de los recluidos, ni dotación de aparatos para filtrar agua que se toma. Igualmente se puede constatar lo mal dispuesto, incomodo y antihigiénico de los W.C, los cuales no tienen divisiones que los separen, estando por tanto a la vista de los que transitan por los lugares donde están instalados.

Luego de esta visita realizada por el Juzgado Superior del Estado a la Cárcel de Valencia. El Director de está Víctor Cifuentes, en fecha 25 de Enero de 1947 remite oficio al Procurador del Estado Dr. Guada Lacau, donde explica su posición sobre las denuncias de maltrato que sufren los detenidos políticos en dicha dependencia. En este sentido, se transcribe el antes mencionado oficio, que reposa en el Archivo de la Procuraduría General del Estado Carabobo, a saber:

El día 11 de diciembre de 1946, fueron trasladados desde el cuartel de policía, a este establecimiento, por orden del ciudadano Fernando Ortega, Gobernador de Distrito, a varios ciudadanos por presunta colaboración en el movimiento subversivo de esta fecha, por ser insuficiente la capacidad física en el cuartel de policía el ciudadano Presidente del Estado ordeno su traslado a esta Cárcel Publica. Mientras los referidos ciudadanos estuvieron en esta cárcel, en ningún momento se les aplico instrumentos de tortura, ni se les hizo objeto de maltratos físicos, por parte del personal superior y subalterno de este establecimiento, si algo pueden lamentar los mencionados ciudadanos serian molestias e incomodidades propias de la naturaleza misma del establecimiento, ya que se trata de un local inadecuado para sus funciones, como casi todas las cárceles de la República. Durante la permanencia de todos los detenidos en este penal y restituida las garantías por el Decreto 456 de la Junta Revolucionaria de Gobierno de fecha 16 de diciembre de 1946, no estuvieron incomunicados entre sí, ni con respecto a sus familiares. Estas visitas las permitía el ejecutivo, aun cuando estuvieran en contra del reglamento de visitas establecido en el régimen carcelario. Tan solo si cumplo en advertir a Ud., que debido al creciente número de detenidos y la numerosa cantidad de familiares y amigos y a lo reducido del lugar destinado para las visitas, no podría admitirse que todos los detenidos a la vez, los visitaran a cada uno de ellos, pues se hacía imposible ejercer la adecuada vigilancia que ordena el reglamento. Reiterándole que sobre los detenidos no se aplicaron instrumentos de tortura, y que las declaraciones de ellos no fueron arrancadas por medios de la violencia y de coacción, pues algunas de estas declaraciones fueron presencias por mi; y por tanto puedo aseverar que los indiciados, las rindieron a voluntad, ante las autoridades policiales y los actas levantadas al efecto expresan la consecuencia de sus declaraciones”.

En este comunicado oficial, se observa como el Director de la Cárcel Publica de Valencia, desmiente las denuncias de los detenidos políticos en esa dependencia y justifica las malas condiciones de salubridad y hacinamiento al hecho de que el local carcelario no es el idóneo para tales fines. Por otra parte, señala de manera enfática , que los detenidos no han sido torturados, y que las declaraciones de ellos no fueron arrancadas por medios de la violencia y de coacción. Esto último referido por el Director de la Cárcel de Valencia, en referencia a los maltratos y torturas a los detenidos políticos, era de suma importancia aclararlo ya que para la época, se había creado una matriz de opinión según la cual, en el gobierno de Junta Revolucionaria maltrataba y torturaba a los disidentes políticos del país. En este sentido, señala Bustamante, lo siguiente:

El “The Times Herald” de Washington, afirma que el gobierno venezolano presidido por Betancourt ha desatado una guerra de torturas y terrorismo contra sus adversarios, debido a lo cual se aplican colgaduras por los dedos pulgares, además de utilizar para forzar confesiones, luces de 2000 voltios en la cara, apaleados, colocados cargas en la espalda y la aplicación del tortol sobre los órganos sexuales. P.576

No es sino hasta el 07 de Febrero de 1947, que el Fiscal 1ero del Ministerio Publico Francisco Bello Rodríguez, se dirige al Procurador General del Estado, mediante Oficio No.10, señalándole lo siguiente:  

Acuso recibo de su comunicación del 27 de enero último, en el cual se anexa copia de la nota dirigida a la Asamblea Nacional Constituyente por el Dr. F. Waskier y Darío Hoffman entre otros detenidos en la cárcel pública de esta ciudad, en la que manifestaron maltrato a los detenidos políticos. Esta fiscalía, encuentra que la nota antes señalada solo contiene una mera protesta por no haber hecho acto de presencia una comisión investigadora a la Cárcel Pública de Valencia. Este Ministerio Publico no considera que se hay pretendido hacer una acusación formal y de iniciar así una acción penal ante los tribunales ordinarios. Ante las denuncias que verbalmente sean hechas ante esta fiscalía o que le dirijan por escrito, solo le incumbe al fiscal tramitarlos a los Jueces de Instrucción para que la secuela procesal siga su camino. Pero no le esta atribuido la apreciación para determinar si reviste o no carácter penal pues la función es judicial.” (Subrayado nuestro)

Sobre esta comunicación, cabe hacerse una serie de interrogantes, ¿Para el 27 de enero, el fiscal desconocía de la inspección realizada a la cárcel de Valencia realizada el 18 de enero?, ¿Siendo el hecho de los detenidos en la Cárcel de Valencia un hecho público y notorio, porque no se presento en el antes citado recinto?, ¿Por qué cuando señala que el Ministerio Publico, no considera que con la nota se haya pretendido hacer una acusación formal, se contradice en su mismo oficio, cuando  señala que a la fiscalía no le esta atribuido la apreciación para determinar si reviste o no carácter penal pues la función es judicial?. (Subrayado nuestro)

Luego de los hechos y diligencias antes mencionados, es de notar que las condiciones de los detenidos políticos en la Cárcel de Valencia, no cambiaron en gran cosa. Su situación cambiará meses después como se vera a continuación.

En el seno de la Asamblea Constituyente el día 24 de abril de 1947, se realizó un debate en torno  a los detenidos políticos recluidos en Valencia, que para ese momento se encontraban en huelga de hambre. Dada la situación de los detenidos en la cárcel de Valencia, la Asamblea envió una comisión a esta ciudad para verificar la situación. Esta comisión estaba compuesta por los representantes Gustavo Machado, Lorenzo Fernández y Cesar Farías Mata. En este sentido, el 29 de abril de 1947, la comisión presento su informe ante la Asamblea en los siguientes términos: “Durante el día de ayer nos trasladamos a la ciudad de Valencia y nos pusimos inmediatamente en contacto con los detenidos políticos, que estaban sosteniendo una huelga de hambre, así como con sus familiares y con los facultativos que los estaban atendiendo. Sacamos la conclusión, por las conversaciones realizadas con distintas personas que el estado de salud de los detenidos no era tan precario como decían”

Uno de los problemas que existía con estos detenidos, es que a la fecha todavía, ni el gobierno de la Junta Revolucionaria ni la Asamblea Constituyente, habían decidido como se iban a ser procesados. No sabían si se les iba a seguir juicio, se confinarían o serian expulsados del país.

Los detenidos, para mayo de 1947 fueron trasladados a la ciudad de San Juan de los Morros, donde fueron recluidos en la novísima penitenciaria recién construida, denominada la Penitenciaria General de Venezuela, o PGV como en la actualidad se conoce. Al menos por suerte para los detenidos, las condiciones de reclusión en la PGV eran muchos mejores que la cárcel de Valencia. Pero por otra parte, sus causas siguieron en el limbo jurídico, ya que formalmente no se les abrió ningún proceso judicial, y siguieron detenidos hasta el mes de febrero de 1948, cuando el recién electo Presidente Gallegos los indulto.

En la sesión de la Asamblea Constituyente del 21 de junio de 1947, el diputado por Acción Democrática Gamboa Marcano, comenta sobre los presos de Valencia lo siguiente: Si Betancourt y Galindez y esos tipos de Valencia, se alzan en Venezuela, que es la única manera de que ellos puedan volver a gobernar nuestro país, van a llevar plomo de todos los trabajadores y del pueblo de Venezuela.

Luego de interesantes meses de largos debates la Asamblea Nacional Constituyente de 1947, deroga la Constitución dictada el 16 de junio de 1936, reformada el 26 de abril de 1945, en la nueva Carta Magna se establecía una clara separación de poderes, pero la Disposición Transitoria Duodécima literal de la misma Constitución de lo relacionado con la elección de Jueces y manejo de la Administración de Justicia de la misma manera, es decir, el ejecutivo sigue designando los jueces. En este sentido, se transcribe el antes citado literal: b) Dentro de los cinco días siguientes a su instalación, las Cortes Supremas de los Estados y del Distrito Federal y de los Jueces de Primera Instancia de los Territorios Federales, formaran las ternas correspondientes para Jueces de Instrucción, de Distrito o Departamento y de Municipio, Parroquia o Departamento. Dentro de los cinco días siguientes a su recibo, los Ejecutivos Regionales designaran de tales listas a los Jueces respectivos; los demás ciudadanos quedaran como suplentes en el orden de su elección.”

De igual manera, esta disposición transitoria en su artículo Décimo, establece que las funciones del Fiscal General de la Nación serán ejercidas por el Procurador de la Nación en tanto se promulgue la Ley que organice sus respectivas funciones. Como se ve el Poder Ejecutivo sigue dominando aun después de la nueva Constitución de 1947, el control sobre el Aparato de Justicia Nacional y por supuesto en Carabobo sucede lo mismo.

En 1947 el Dr. García Guevara, sigue adelante con los planes de mejoramiento de la salud y educación, con la construcción de obras como el Acueducto de Valencia, obra aspirada desde mucho por valencianos. En cuanto, a su ejecutivo, es nombrado Secretario General de Gobierno, el abogado Efraím Alvarado, quien ocuparía la Gobernación de Falcón en la presidencia de Don Rómulo Gallegos.

En lo referente a la Administración de Justicia, se evidencia normalidad en cuanto al tratamiento de los delitos comunes y causas civiles, denotando idoneidad en su tratamiento, así como la aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes, con rigor. A partir de este año de 1947, se comienzan a ver algunas acciones del Aparato de Justicia Regional contra la insipiente oposición política al régimen de la Junta Revolucionaria, como se verá más adelante.

Durante la campaña Presidencial de 1947, sucedieron algunos hechos, donde el aparato policial y judicial del Estado, se presto para reprimir a factores de oposición que se encontraban haciendo propaganda electoral a favor de sus candidatos, un caso interesante en mencionar, es el encontrado en comunicación oficial que remite el Gobernador del Distrito Puerto Cabello al Secretario General de Gobierno, en fecha 04 de diciembre de 1947, en el cual informa lo siguiente:  

Han sido detenidos los ciudadanos Demetrio Jiménez, Germán Agreda, Angel Acosta, Angel La Rosa, Cayetano Pons y Juan Zabala, por pegar propaganda política a favor del partido COPEI. Remisión les hago de los antes citados detenidos para que a su criterio sean impuestos ante la administración de justicia o al rigor de la Ley de Vagos y Maleantes.

En el oficio antes citado, se observa que pudo haber abusos de poder por parte del orden instituido. Este tipo de casos de vieron con cierta regularidad en los años 47 y 48, en particular la aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes, que imponía penas corporales hasta de dos años de reclusión en la conocida penitenciaria de la Isla del Burro, ubicada en el lago de Valencia.

En 1948,  durante la Presidencia del maestro Gallegos, el Dr. García Guevara, fue ratificado como gobernador de Carabobo, constituyéndose en su último Presidente y primer Gobernador en el siglo XX.  En este período, ocurrían con más frecuencia hechos que atentaban cada vez más con la imparcialidad del Poder Judicial, tal como se evidencia de las siguientes crónicas, recogidas de la prensa local de la época: Diario El Carabobeño del día 09 de febrero de 1948, señalo lo siguiente:

Allanamiento en la casa de COPEI, mediante orden de allanamiento emitida por el Juzgado Criminal del Distrito Valencia. El sede del partido verde, se realizo por parte de la policía del Estado un allanamiento en horas de la mañana del día de ayer; medida ejecutada por denuncia de prácticas subversivas por parte de esa organización política. En el operativo se hallo material considerado subversivo y se detuvo a Pedro Suarez, quien dijo ser vigilante del establecimiento. Además se detuvo a los dirigentes de COPEI Julio Ramírez Borges y Heraclio García”.

En otro suceso reseñada en el  Diario “El Día” del día 06 de noviembre de 1948: “Se adelanta juicio contra el Secretario General de COPEI en Valencia, Dr. Ignacio Bellera Arocha. La principal motivación según la fuente lo constituye el fomentar desordenes públicos en perjuicio del gobierno constitucional. Estos disturbios no eran otra cosa más que pequeñas concentraciones convocadas por COPEI que eran agredidas por la bandas de AD causando algunas lesiones en los asistentes.”

Comenzando el último trimestre de 1948, se ubico en esta investigación un oficio de fecha 7 de octubre de 1948 remitido por el Gobernador del Estado al Ministro de Relaciones Interiores, relacionado con la detención de un oficial del ejército por parte de la policía del Estado, en este sentido se transcribe:

Para su debido conocimiento, cumplome transcribir a Ud. el texto del oficio No.2036 de fecha 02 del mes en curso, dirigido a este gobierno por el ciudadano juez del Distrito Valencia. Para su conocimiento, transcribole oficio No.639, dirigido a este Despacho por el ciudadano Comandante de la Policía del Distrito Valencia, con el siguiente tenor: cumplo con participarle que a las 3 y 5 minutos de la mañana del día 2 de octubre de 1948, fue conducido a esta comandancia, el teniente Carlos Aular, quien se dice pertenece al cuartel “El Rincón”. El militar fue hallado en la Urbanización El Candelero en actitud sospechosa. Al ser interrogado por los agentes se opuso a estos diciéndoles que él no tenía que darle detalles a nadie. Una vez en la Comandancia, fue conducido por los agentes e increpado para declarar. En este sentido, el detenido expreso: que no importa nada lo que hagan con él y a los que los apresaron les podía ir mal. Cuando llegue la hora los primeros en caer presos son los policías, porque no eran capaces de hacerle frente a nadie y que tuviéramos mucho cuidado. En esto amenazó a los agentes. Una hora después fue enviado al cuartel “Anzoátegui” de esta ciudad.” (Subrayado nuestro).

Ya para estos días se respiraban aires de insurrección contra el gobierno de Don Rómulo Gallegos. El signo de la conspiración contra la Junta Revolucionaria y el gobierno de Gallegos, estuvo siempre muy presente en su trienio adeco, Al respecto, comenta Urdaneta (2005:511: “Para antes del golpe de noviembre de 1948 contra Gallegos, durante el trienio adeco, se sucedieron 9 conspiraciones de estado, cuatro con el apoyo del general Eleazar López Contreras muy ofendido y en el exterior.”

En Venezuela, a partir de 1945, se podría decir que hubo un cambio en las estructuras políticas, económicas, sociales y hasta culturales del país. Esto mismo, no podría decirse del Sistema de Administración de Justicia, que se mantuvo basado conforme  a los parámetros de la Constitución Post gomecista de 1936, incluso después de la Asamblea Nacional Constituyente de 1947. Conforme a la Memoria y Cuenta que el Dr. Manuel García Guevara le presenta a la Asamblea Legislativa en marzo de 1948, el índice delictivo en Carabobo, eran tan bajo que presenta cifras tan asombrosas para nuestros días, como ésta: “para el mes de marzo de este año  ósea 1948, se habían cometido y procesado por ante los Tribunales de Justicia desde octubre de 1945, 28 homicidios”, cifra esta que en nuestros días sería casi un reporte diario.

En conclusión, es justo señalar que durante el llamado trienio adeco, en Carabobo, el Aparato de Justicia funcionó con idoneidad en lo cotidiano, ósea en el tratamiento de los delitos comunes y causas civiles y administrativas, pero también no es menos cierto que se presentaron situaciones y hechos, donde se agredieron derechos de opositores políticos al régimen de la Junta, que dejaron en duda su equilibrio e imparcialidad.

En casos tan emblemáticos como el de los detenidos políticos en la Cárcel de Valencia en 1946-1947, y en otros relacionados con acciones del Sistema Judicial contra la oposición política, vemos como fue muy difícil lograr un tratamiento justo para los detenidos, ya que en la mayoría de los casos sus juzgadores eran sus adversarios políticos.

Es ingenuo hablar de pureza política en el Poder Judicial, tanto en aquellos tiempos como en la actualidad. Pero al menos el establecimiento de parámetros constitucionales en cuanto a la autonomía y autodeterminación de los órganos de administración de justicia, podrían crear formas más plurales para elección y selección de jueces. Esto último, es el deber ser, más no garantiza su idoneidad y transparencia, como sucede en nuestra Venezuela del siglo XXI.

 

REFERENCIAS

1. - FUENTES INÉDITAS

 

1.1.        Documentales

1.1.1     Archivo de la Gobernación del Estado Carabobo.

                     1 - Oficio  remitido por la Asamblea Nacional Constituyente  al Presidente del Estado Carabobo el 04 de enero de 1947.

                     2 -Oficio remitido por el mayor Mario Vargas al Presidente del Estado Carabobo el 14 de enero de 1947.

                     3 – Informe de novedades enviado por el Gobernador del Distrito Puerto Cabello a la Secretaria General de Gobierno el 04 de Diciembre de 1947.

                     4.- Memoria y Cuenta del Gobernador 1945-1948

                     5 -Oficio remitido por el Gobernador del Estado Carabobo al Ministro de Relaciones Interiores el 07 de octubre de 1948.

 1.1.2     Archivo de Procuraduría General del Estado Carabobo.

 1-    Informe presentado por el Juez Superior del Estado Carabobo sobre la situación de los detenidos políticos en la cárcel Valencia de fecha 18 de enero de 1947.

2-    Oficio enviado por el Director de la cárcel de Valencia al Procurador General del Estado el 25 de enero de 1947.

3-    Oficio enviado por el Fiscal 1ero de Carabobo al Procurador General del Estado el 07 de febrero de 1947.

 

2.- FUENTES EDITAS

2.1Bibliográficas

BUSTAMANTE, Nora (1985). Isaías Medina Angárita. Caracas. Editorial Universidad Santa María.

GALINDEZ, Luisa (1990). Historia de Valencia 1901-1950. Valencia. EGN Comunicaciones.

URDANETA, Ramón (2005) Historia Oculta de Venezuela (1498-2000). Caracas. Fruslar Editores.

ZERPA ROJAS, José Acacio (1998) Las Fuerzas Armadas y la Democratización Nacional 1945-1948. Mérida. Talleres Gráficos Universitarios. ULA.

 

3.- FUENTES HEMEROGRAFICAS

 

Periódicos:

 

El Cronista, 29 de Noviembre de 1945, Valencia

Tribuna, 09 de Junio de 1946, Puerto Cabello

El Carabobeño, 14 de Agosto de 1946, Valencia

EL Dia, 06 de Noviembre de 1948, Valencia

El Carabobeño, 09 de Febrero de 1948, Valencia

 

4.- FUENTES OFICIALES

 

-   Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX Documentos para su Estudio. Gobierno y Época de la Junta Revolucionaria, Asamblea Nacional Constituyente 1946-1947, Tomo 60 y 61. Ediciones Congreso de la Republica, Caracas, 1989.

-   Gaceta Oficial del Estado Carabobo. 1945, 1946, 1947, 1948.

-   Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1947

  

5.- FUENTES ELECTRONICAS

 

 PINO ITURRIETA, Elías. Articulo: “La Fuerza de una Pareja Histórica que nadie puede Derrotar” 23 de Enero de 2005 (Documento en línea).eluniversal.com:http://eluniversal.com.ve.Consulta: 2008, junio 17).

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